Núcleo Vecinal de la Unión Comarcal Alacantí-Marines.
Últimamente escuchamos cada vez con mayor frecuencia la teoría, en apariencia objetiva ideológicamente neutra, de que el aumento de la población, y en particular de la inmigración, sería el principal responsable de la subida de los precios de la vivienda. Este razonamiento se apoya en la tramposa ley de la oferta y la demanda, y su discurso es muy simple: más personas buscando casa implicaría precios más altos, y la solución pasaría por construir más viviendas. En su simpleza está su mayor atractivo para una sociedad que prefiere explicaciones simples a verdades complejas. Pero lo cierto es que la vivienda tiene unas características que la diferencian del resto de bienes de consumo.
En primer lugar, la demanda está condicionada por factores geográficos y sociales que no se pueden eludir. Las familias no buscan un hogar en un mercado global, sino en espacios concretos: barrios, municipios o comarcas. No es posible trasladar viviendas de un territorio a otro, ni exigir a la población que se desplace indefinidamente lejos de su entorno para acceder a un hogar.
Por otro lado, la oferta de vivienda se apoya en una necesidad básica. Disponer de un lugar donde vivir no es una opción, sino una condición material indispensable para la vida. Esta característica altera profundamente la mecánica del mercado: cuando el precio de la vivienda sube, las familias no pueden dejar de “consumirla”, sino que se ven obligadas a asumir peores condiciones de vida como el hacinamiento, tener que asumir deudas eternas o, en el caso más grave, recurrir a la ocupación como el último recurso posible para vivir bajo un techo.
Estas dos condiciones de limitación territorial y necesidad vital, generan una relación profundamente desigual entre quienes necesitan una vivienda y quienes la poseen como activo económico. En este contexto la vivienda pierde su función social y queda sometida a la lógica del capital convirtiéndose en una mercancía más. Esta no es una decisión arbitraria de los propietarios, es una cualidad intrínseca del capitalismo, que otorga una ventaja estructural a rentistas y especuladores mientras condena a las familias a una posición de precariedad absoluta, anteponiendo la rentabilidad a la necesidad social.
Estos mismos agentes especuladores proponen, como única salida, aumentar la producción inmobiliaria, pero conviene preguntarse si el problema de la vivienda se reduce realmente a una falta de construcción. Antes de levantar más edificios, resulta imprescindible analizar el uso actual del parque inmobiliario, debemos saber para qué se usa la vivienda hoy día, y nos encontramos que, por ejemplo en la provincia de Alicante, el 44% de las viviendas no se usa como residencia habitual de una familia.
Entre pisos vacíos, apartamentos turísticos y segundas residencias, el uso para el que fueron construidos esos hogares ha pasado a un segundo plano, y la acumulación capitalista acaba creando un escenario de acaparación de casas desocupadas que son las que realmente están limitando la oferta.
Lo que la teoría nos demuestra, la historia nos lo confirma, y es que durante los periodos donde más se ha incrementado la construcción, son los momentos en los que más ha subido el precio de la vivienda. Afirmar que el problema de la vivienda se reduce a un problema de oferta y demanda es desconocer la historia o querer engañar a la gente.
Por mucho que construyamos, si no nos dotamos de las herramientas necesarias para hacer llegar esas viviendas a las familias que aún no pueden acceder a ellas de forma digna y asequible, lo único que estaremos haciendo es aumentar la concentración de propiedad de los que ya poseen inmuebles, a la vez que enterramos en hormigón nuestros barrios, montes y costas.
A este escenario se suma el peso del modelo económico basado en el turismo. En regiones donde este sector es central, como la costa mediterránea, el turismo no solo transforma el uso de la vivienda, sino que también condiciona el mercado laboral. La elevada precariedad salarial y contractual dificulta que amplias capas de la población puedan afrontar el coste de la vivienda, incluso cuando tienen empleo.
Esta situación afecta de manera especialmente dura a la población inmigrante, generalmente el sector más precario de la clase trabajadora, volviéndose su situación insostenible si está en situación irregular. La combinación de bajos ingresos, inseguridad laboral y precios elevados convierte el acceso a una vivienda digna en una auténtica pesadilla para las familias inmigrantes.
Resulta perverso ver cómo quienes sufren en primer lugar, y de la forma más cruel posible, las dificultades de acceso a la vivienda, son señalados como responsables del encarecimiento de la vivienda. Este discurso simple de oferta y demanda, cuidadosamente elaborado por los grandes medios, fondos de inversión, agentes inmobiliarios, grupos de presión de promotores y constructores, no tiene otro objetivo que el de desviar el foco de la responsabilidad, ignorando a los verdaderos culpables y señalando a la parte más precaria e indefensa de la sociedad.
Garantizar el acceso a la vivienda y acabar con la precariedad laboral nos exige un ejercicio de unidad de clase trabajadora sin importar el lugar de nacimiento, y para que se dé esta unidad es imprescindible saber identificar a nuestros enemigos y a nuestros aliados. Nuestros vecinos migrantes que llegan buscando un futuro no son los que nos condenan al hacinamiento y a la deuda eterna; son los rentistas, los fondos buitre o las patronales turísticas las que acumulan propiedades y se enriquecen a costa de nuestra necesidad.
Cuando la clase trabajadora entienda que el origen geográfico es una distracción diseñada para dividirnos, podremos empezar a comprender que la lucha por el derecho a la vivienda no puede estar separada de la lucha para acabar con el capitalismo.
Vivienda para vivir, no para especular.
Ni una casa para el turismo.
No sobran migrantes, sobran rentistas.
